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Entre académicos, la élite política y público en general existe la creencia generalizada de que ‘las drogas’ —es decir, algunos estupefacientes y psicotrópicos— son prohibidas debido a los efectos que producen en quienes las consumen de manera ocasional o abusiva. Esta interpretación —compartida por los prohibicionistas y sus detractores— explica además la percepción de que existen ‘drogas legales’ y ‘drogas ilegales’. Así, pues, se considera que el control normativo a estas se fundamenta en el prohibicionismo y que éste en la práctica genera más delincuencia y criminalidad.
Mientras unos abogan por que sean combatidas y reprimidas, otros argumentan a favor de la legalización o con candor sostienen que ‘la guerra contra las drogas debe terminar’, cuando no categóricos aseguran que ‘la legalidad les hace menos dañinas’.
Pero una observación menos enfocada en las sustancias, y más en su uso, revela que éstas pueden ser usadas en forma lícita o ilícita. Codeína para calmar el dolor, morfina para eliminar padecimientos más intensos, cocaína como anestésico empleado por médicos y odontólogos, diazepam para espasmos musculares o ansiedad crónica, y otros múltiples derivados de las drogas utilizados en los campos médico, terapéutico y hospitalario, configuran los usos lícitos.
Los ilícitos son todos aquellos que están por fuera de usos médicos y científicos. Colombia, Bolivia, Perú y México albergan materia prima, productores y distribuidores de drogas, esencialmente cocaína, para usos ilícitos en Estados Unidos y Europa, particularmente, mientras en países europeos y Estados Unidos se concentran los productores y fabricantes de drogas para usos lícitos en todo el mundo.
Las industrias farmacéuticas de Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y Alemania principalmente, controlan los mercados de materia prima y los circuitos de fabricación, venta y distribución de medicamentos y productos farmacéuticos elaborados con base en hoja de coca, opiáceos y substancias artificiales como la metadona. Los beneficios económicos son colosales tanto para quienes controlan el mercado ilícito, como para la industria farmacéutica. Sin embargo, una diferencia entre usos ilícitos y lícitos es que los primeros están sometidos a una férrea regulación internacional, los lícitos no.
La ‘guerra contra la droga —la ‘lucha contra la droga’ o las ‘políticas anti-drogas’, dependiendo de la preferencia semántica, tiene hacia dentro y hacia fuera de los estados múltiples implicaciones políticas, económicas y sociales, pero consisten esencialmente en reprimir los usos sin fines médicos o científicos, no en combatir ‘drogas ilegales’ o ‘las drogas’. Plantear como alternativa la revaluación del prohibicionismo o la ‘legalización de las drogas’ —en Naciones Unidas, frente a Estados Unidos o en el Congreso colombiano— tiene entonces poco sentido estratégico y práctico.
La denominada guerra contra las drogas, aunque universal, no contiene los mismos significados en todo el mundo. En Europa y Estados Unidos reprimir los mercados ilícitos está asociado con delincuencia, grupos marginales y superpoblación de cárceles. En México, Centroamérica, Brasil y la región andina significa enfrentar poderosos grupos que, bien armados, no dudan en atacar directamente al Estado y/o la sociedad. En París, Washington, Londres o Madrid no es el ejército el que debe enfrentar los agentes del mercado ilícito, en Latinoamérica sí.
En otras palabras, en América Latina el mercado ilícito de estupefacientes y psicotrópicos implica asuntos de seguridad. Por ello la alternativa de ‘reducción de daños’ —dirigida a no criminalizar a quien consume sin fines médicos o científicos sustancias sicoactivas o estupefacientes—, aunque pertinente, también resulta poco eficaz por estos lares.
Una alternativa a la ‘guerra contra la droga’, que podría comenzar a ventilarse en los ágapes y pasillos de la VI Cumbre de las Américas, sería buscar la participación de la región en el mercado de los usos lícitos. Así, se daría un primer paso no solamente para vincular con el mercado lícito los cultivos andinos de coca y la experiencia latinoamericana en medicamentos genéricos, también se podría allanar el camino para ampliar los usos lícitos de la hoja de coca más allá de la medicina y la ciencia, incluyendo sus usos tradicionales y alimenticios.
Esta opción, que implica enfrentar poderosos y agresivos intereses económicos y políticos, exige ciertamente una vigorosa y concertada acción política de los gobiernos latinoamericanos. Pero también, y sobretodo, la superación del enfoque sustancial y prohibicionista de ‘las drogas’ por parte de científicos sociales, académicos y expertos.
* Profesor e investigador en la Escuela de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda
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