Capital Social, a grandes rasgos, es un recurso colectivo que les permite a las sociedades conseguir objetivos pro sociales, basándose en las relaciones de las personas o en el llamado “tejido social”. Esta medición se logró con una muestra de personas en el ámbito nacional que respondieron a distintas preguntas de la vida diaria que, a su manera, tocan temas de la democracia misma: cuánta confianza tenían con los vecinos, cómo solucionaban sus problemas, cuánta confianza les tienen al gobierno, a los movimientos, a los medios de comunicación, qué medio usan para lograr una efectiva participación cívica, entre muchas otras.
Se sabe que una sociedad unida, que haga una veeduría correcta a sus mandatarios elegidos, que acceda a la información política de forma inteligente y que sepa establecer unas relaciones de confianza mutua entre sus miembros para trabajar en unidad, puede avanzar por una senda democrática mucho más rápido. Puede generar avances gigantescos en términos políticos y lograr así un mejor gobierno. Por eso sorprende (y genera un tanto de preocupación) que, por ejemplo, de esa muestra representativa, el 62% de las personas que votaron en las elecciones del Congreso de 2010 no recuerden por quién lo hicieron. ¿Cómo se pueden hacer las exigencias correspondientes si no se cumple este primer —y elemental— paso?
Colombia también vive (pese a sus multitudinarias marchas) un creciente desinterés en la participación social, una mayor percepción de la corrupción (lo que repercute en que haya menor eficacia colectiva de la sociedad), que en lugar de generar una indignación generalizada, redunda en que los ciudadanos se vuelvan más oportunistas. O piensen en serlo, como si se tratara de una variable positiva que habría que imitar.
Estos datos, entre otros, pueden leerse en extenso en los informes publicados en la página de la Fundación Restrepo Barco. Es hora, pues, de cambiar la mentalidad que se tiene, no solamente de acatamiento a las normas por parte de los funcionarios, sino sobre todo del interés que tienen los ciudadanos por los asuntos públicos. Creemos sinceramente que un país con una ciudadanía que se vive quejando de sus políticos porque “son corruptos” (cosa que muchos escándalos judiciales tienden a comprobar) recibe por parte de este informe, también, un jalón de orejas bastante fuerte: les llama la atención sobre su incidencia. ¿Cuántos grupos sociales se conforman? ¿A qué tipo de movimientos ciudadanos se suman para evitar que esto pase? ¿Cómo se fiscaliza? De acuerdo con este informe, la misma cohesión social es muy baja. Simbólica a veces, sí, pero no tan constante como se espera.
El senador John Sudarsky, quien participó en el estudio, dice que una manera útil de incluir a todos los ciudadanos en la participación de lo público es hacer un ejercicio que él denomina como el “presupuesto participativo”. Que la gente se entere de manera colectiva de cuáles son los recursos y en qué se invierten, para así ejercer la fiscalización de esa inversión.
Si bien es cierto que el acceso a la información de lo público (como muchos estudios tienden a denunciar) a veces se hace muy difícil para los ciudadanos, de ellos mismos depende que los gobiernos cedan ante esto, que se hagan mucho más abiertos y consecuentes con la noción de lo “público”. Un llamado para que la sociedad despierte y ejerza un rol más grande y efectivo sienta muy bien por estas épocas en que el Gobierno tiende a hundirse un poco en el unanimismo.
Se sabe que una sociedad unida, que haga una veeduría correcta a sus mandatarios elegidos, que acceda a la información política de forma inteligente y que sepa establecer unas relaciones de confianza mutua entre sus miembros para trabajar en unidad, puede avanzar por una senda democrática mucho más rápido. Puede generar avances gigantescos en términos políticos y lograr así un mejor gobierno. Por eso sorprende (y genera un tanto de preocupación) que, por ejemplo, de esa muestra representativa, el 62% de las personas que votaron en las elecciones del Congreso de 2010 no recuerden por quién lo hicieron. ¿Cómo se pueden hacer las exigencias correspondientes si no se cumple este primer —y elemental— paso?
Colombia también vive (pese a sus multitudinarias marchas) un creciente desinterés en la participación social, una mayor percepción de la corrupción (lo que repercute en que haya menor eficacia colectiva de la sociedad), que en lugar de generar una indignación generalizada, redunda en que los ciudadanos se vuelvan más oportunistas. O piensen en serlo, como si se tratara de una variable positiva que habría que imitar.
Estos datos, entre otros, pueden leerse en extenso en los informes publicados en la página de la Fundación Restrepo Barco. Es hora, pues, de cambiar la mentalidad que se tiene, no solamente de acatamiento a las normas por parte de los funcionarios, sino sobre todo del interés que tienen los ciudadanos por los asuntos públicos. Creemos sinceramente que un país con una ciudadanía que se vive quejando de sus políticos porque “son corruptos” (cosa que muchos escándalos judiciales tienden a comprobar) recibe por parte de este informe, también, un jalón de orejas bastante fuerte: les llama la atención sobre su incidencia. ¿Cuántos grupos sociales se conforman? ¿A qué tipo de movimientos ciudadanos se suman para evitar que esto pase? ¿Cómo se fiscaliza? De acuerdo con este informe, la misma cohesión social es muy baja. Simbólica a veces, sí, pero no tan constante como se espera.
El senador John Sudarsky, quien participó en el estudio, dice que una manera útil de incluir a todos los ciudadanos en la participación de lo público es hacer un ejercicio que él denomina como el “presupuesto participativo”. Que la gente se entere de manera colectiva de cuáles son los recursos y en qué se invierten, para así ejercer la fiscalización de esa inversión.
Si bien es cierto que el acceso a la información de lo público (como muchos estudios tienden a denunciar) a veces se hace muy difícil para los ciudadanos, de ellos mismos depende que los gobiernos cedan ante esto, que se hagan mucho más abiertos y consecuentes con la noción de lo “público”. Un llamado para que la sociedad despierte y ejerza un rol más grande y efectivo sienta muy bien por estas épocas en que el Gobierno tiende a hundirse un poco en el unanimismo.
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