La Cumbre de las Américas discutirá la política frente a las drogas. Para ese debate, una perspectiva histórica y comparada es útil, a fin de salir del falso dilema según el cual hay que seguir la “guerra a las drogas” o legalizarlas todas sin restricciones. Hay otras alternativas.
Las políticas nacionales frente a las drogas están fuertemente condicionadas por el marco internacional. Desde la Conferencia de Shanghái en 1909, pero en especial desde la Convención Única de Estupefacientes de 1961, hemos tenido un régimen internacional que prohíbe en forma absoluta la producción y el tráfico de ciertas drogas, especialmente las derivadas del cannabis, la coca o la amapola, mientras que mantiene legales, sin razones sanitarias claras, otras como el alcohol o el tabaco. Es el prohibicionismo, política que reposa en una idea muy simple. Si no hay oferta de esas drogas, no puede haber consumo ni abuso de las mismas. Hay pues que prohibir su producción y comercialización.
Entre la guerra a las drogas y la reducción del daño
Dentro de este marco prohibicionista hay, sin embargo, diferencias significativas, que podrían agruparse en dos extremos: la “guerra a las drogas” (GD) y las “políticas de reducción del daño” (PRD).
Estados Unidos no sólo ha sido el principal promotor del prohibicionismo a nivel internacional, sino que su propia estrategia de GD, declarada por Nixon en 1971, representa el caso extremo. Es una política de “derecho penal máximo”, que a través de una escalada represiva busca eliminar, o al menos reducir muy significativamente, la producción, el tráfico y el consumo de las drogas declaradas ilegales.
Esta GD ha fracasado pues, a pesar del incremento de recursos y sanciones para eliminar la oferta de drogas ilícitas, el mercado se encuentra bien abastecido. Además ha tenido efectos colaterales graves, pues ha llenado las cárceles de Estados Unidos y de América Latina de personas que no han cometido crímenes violentos ni graves: simples consumidores o pequeños traficantes. La criminalización extrema ha agravado también los problemas de salud pública, ya que evita cualquier control de calidad de estas sustancias y hace que los consumidores queden sometidos a las redes de distribución ilegal, lo cual profundiza sus problemas de marginalidad y salud.
Por eso ciertos países, en especial europeos, preocupados por los efectos negativos de la criminalización sobre la salud de sus consumidores, han puesto en marcha otra estrategia, dentro del marco prohibicionista: las PRD.
Para entender las PRD es necesario recordar la distinción entre los ‘daños primarios’, ocasionados por el consumo de una sustancia psicoactiva, como puede ser la cirrosis por un consumo excesivo de alcohol, y los ‘daños secundarios’, derivados de las políticas de control, como puede ser la contaminación por sida de los consumidores de heroína que comparten jeringas, efecto de la criminalización del consumo.
Las PRD no pretenden entonces eliminar a toda costa el consumo sino reducir los daños primarios que ocasionan ciertas formas de abuso de drogas, pero igualmente limitando los daños secundarios, que derivan de las propias políticas.
Las PRD se esfuerzan entonces por evitar la marginación y la estigmatización de los consumidores. Por ejemplo, en Holanda, que ha sido pionera en estos enfoques, el gran tráfico es perseguido, pero se ha despenalizado de facto la distribución minorista y el consumo de la marihuana. El consumidor de drogas más duras, como la heroína, recibe una amplia gama de programas de apoyo, como el suministro de metadona para evitar el síndrome de abstinencia o la ayuda profesional para quien así lo desee. Por su parte, Portugal despenalizó desde 2001 el consumo de cualquier sustancia psicoactiva y fortaleció los programas de prevención y atención a los adictos.
Estas PRD han dado buenos resultados, como lo muestra una comparación entre Holanda y Estados Unidos. Un estudio publicado en 2006 por Douglas McVay, en el libro Drogas y sociedad (Drugs and Society), es contundente. El gasto per cápita en el sistema criminal y la tasa de encarcelamiento son más elevados en Estados Unidos, pero su situación es peor. La prevalencia del sida en Estados Unidos es mayor que en Holanda, que distribuye gratuitamente jeringas a sus usuarios. Además, el consumo de sustancias ilegales en Holanda ha sido menor. Estados Unidos encarcela y reprime entonces más que Holanda, pero tiene más consumidores y en peores condiciones sanitarias.
Igualmente, como lo muestra un estudio de 2009 sobre la experiencia portuguesa, realizado por Glenn Grenwald para el Cato Institute, ese país presenta hoy tasas de consumo menores a las que tenía cuando lo penalizaba y ha presentado desde 2001 una reducción radical de la infección por VIH de sus usuarios de droga.
Más allá del prohibicionismo: entre la regulación y el mercado libre
Las PRD han mostrado avances frente a la GD, pero mantienen la prohibición de la producción y distribución, con lo cual perpetúan el problema del narcotráfico y de las mafias que se le asocian, que es el problema esencial para muchos de nuestros países. Algunos consideran que es necesario ir más lejos y modificar el prohibicionismo, a fin de arrancar a las organizaciones criminales el monopolio que hoy tienen de la producción y distribución de las drogas ilegales.
Una alternativa es optar por un ‘mercado libre’ de estas sustancias, tomando el ejemplo del alcohol o el tabaco hasta hace pocos años. Esa opción evita las mafias y los mercados ilegales, pero sus efectos en salud pública son catastróficos. Por eso nadie serio ha pensado en reemplazar la prohibición por un mercado libre de drogas, en donde cualquiera, incluso un adolescente, pudiera comprar cocaína en el supermercado. Las sustancias psicoactivas, como la cocaína, la marihuana o el alcohol, son riesgosas y pueden producir daños individuales y sociales graves. Un mercado libre de estas sustancias, sin controles estrictos, es inaceptable.
Pero existen alternativas regulatorias, de despenalización parcial, inspiradas tanto en las PRD como en las actuales estrategias de ciertos países frente al alcohol o el tabaco. Para evitar las mafias, habría que admitir la existencia de canales legalizados de producción y distribución para los adultos, controlados por el Estado, y que tendrían características diversas según los tipos de drogas: la distribución de marihuana —la droga menos riesgosa— no puede ser la misma de la heroína, sustancia capaz de producir dependencia física y psíquica. Como el consumo de las drogas no se considera algo conveniente y que deba ser estimulado, sino una conducta tolerada, ese mercado tendría que ser pasivo; se quitaría a las redes legales de distribución toda agresividad comercial: prohibición de propagandas, exclusión de marcas, impuestos altos, etc. En síntesis, no se pretendería facilitar y ampliar el consumo —como en un mercado libre—, pero tampoco se lo haría legalmente imposible, como en un mercado prohibido.
La discusión en la Cumbre de las Américas
La descripción precedente muestra que existen diversas estrategias frente a las drogas. Pero que algunas son inconvenientes, como la GD o el modelo de ‘mercado libre’. Sin embargo, a veces el debate quiere polarizarse entre esas dos alternativas, negando la gama de posibilidades intermedias que existen.
La Cumbre de las Américas no debería entonces dejarse atrapar en ese falso dilema: GD o liberalización total. Un consenso razonable que podría alcanzarse es reconocer que la GD fracasó y que es necesario avanzar a estrategias menos punitivas, que tomen en cuenta las experiencias positivas de las PRD, a fin de evolucionar prudentemente hacia perspectivas regulatorias de salud pública. Una posibilidad sería pensar en la regularización rápida del mercado de cannabis, sustancia menos riesgosa y adictiva que el alcohol o el tabaco, y que esa experiencia sirva en el futuro cercano para definir qué hacer con sustancias más riesgosas como la cocaína o la heroína.
* Director del Centro de Estudio DeJuSticia (www.dejusticia.org) y profesor de la Universidad Nacional.
Santos insiste en discutir alternativas
En una entrevista publicada esta semana por la revista Época, de Brasil, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo que aunque la despenalización de las drogas no será el tema central en la Cumbre de Las Américas —a desarrollar en Cartagena los próximos 14 y 15 de abril—, sí se debatirá. El Jefe de Estado señaló que es necesario hablar de la lucha contra este flagelo, y reconoció que el tema es ‘políticamente sensible’. Indicó que “comenzar a discutir es un paso muy importante, sin la necesidad de amarrarnos a ninguna posición en particular”.
Aclaró que el tema “no será el centro de los debates en la Cumbre, pero puede ser puesto sobre la mesa ya que Estados Unidos, por primera vez, está dispuestos a hablar de ello, y son ellos son el mayor consumidor de drogas en el mundo.
“Yo no soy el dueño de la verdad. Quiero que el mundo entre en esta discusión (…) puede haber varias maneras: despenalizar el uso, despenalizar la producción o concentrar los esfuerzos contra la trata de personas. Hay varias alternativas. No podemos tomar una decisión sin tener pruebas de los expertos en la materia”. Así lo manifestó Santos a este medio brasileño.
Las políticas nacionales frente a las drogas están fuertemente condicionadas por el marco internacional. Desde la Conferencia de Shanghái en 1909, pero en especial desde la Convención Única de Estupefacientes de 1961, hemos tenido un régimen internacional que prohíbe en forma absoluta la producción y el tráfico de ciertas drogas, especialmente las derivadas del cannabis, la coca o la amapola, mientras que mantiene legales, sin razones sanitarias claras, otras como el alcohol o el tabaco. Es el prohibicionismo, política que reposa en una idea muy simple. Si no hay oferta de esas drogas, no puede haber consumo ni abuso de las mismas. Hay pues que prohibir su producción y comercialización.
Entre la guerra a las drogas y la reducción del daño
Dentro de este marco prohibicionista hay, sin embargo, diferencias significativas, que podrían agruparse en dos extremos: la “guerra a las drogas” (GD) y las “políticas de reducción del daño” (PRD).
Estados Unidos no sólo ha sido el principal promotor del prohibicionismo a nivel internacional, sino que su propia estrategia de GD, declarada por Nixon en 1971, representa el caso extremo. Es una política de “derecho penal máximo”, que a través de una escalada represiva busca eliminar, o al menos reducir muy significativamente, la producción, el tráfico y el consumo de las drogas declaradas ilegales.
Esta GD ha fracasado pues, a pesar del incremento de recursos y sanciones para eliminar la oferta de drogas ilícitas, el mercado se encuentra bien abastecido. Además ha tenido efectos colaterales graves, pues ha llenado las cárceles de Estados Unidos y de América Latina de personas que no han cometido crímenes violentos ni graves: simples consumidores o pequeños traficantes. La criminalización extrema ha agravado también los problemas de salud pública, ya que evita cualquier control de calidad de estas sustancias y hace que los consumidores queden sometidos a las redes de distribución ilegal, lo cual profundiza sus problemas de marginalidad y salud.
Por eso ciertos países, en especial europeos, preocupados por los efectos negativos de la criminalización sobre la salud de sus consumidores, han puesto en marcha otra estrategia, dentro del marco prohibicionista: las PRD.
Para entender las PRD es necesario recordar la distinción entre los ‘daños primarios’, ocasionados por el consumo de una sustancia psicoactiva, como puede ser la cirrosis por un consumo excesivo de alcohol, y los ‘daños secundarios’, derivados de las políticas de control, como puede ser la contaminación por sida de los consumidores de heroína que comparten jeringas, efecto de la criminalización del consumo.
Las PRD no pretenden entonces eliminar a toda costa el consumo sino reducir los daños primarios que ocasionan ciertas formas de abuso de drogas, pero igualmente limitando los daños secundarios, que derivan de las propias políticas.
Las PRD se esfuerzan entonces por evitar la marginación y la estigmatización de los consumidores. Por ejemplo, en Holanda, que ha sido pionera en estos enfoques, el gran tráfico es perseguido, pero se ha despenalizado de facto la distribución minorista y el consumo de la marihuana. El consumidor de drogas más duras, como la heroína, recibe una amplia gama de programas de apoyo, como el suministro de metadona para evitar el síndrome de abstinencia o la ayuda profesional para quien así lo desee. Por su parte, Portugal despenalizó desde 2001 el consumo de cualquier sustancia psicoactiva y fortaleció los programas de prevención y atención a los adictos.
Estas PRD han dado buenos resultados, como lo muestra una comparación entre Holanda y Estados Unidos. Un estudio publicado en 2006 por Douglas McVay, en el libro Drogas y sociedad (Drugs and Society), es contundente. El gasto per cápita en el sistema criminal y la tasa de encarcelamiento son más elevados en Estados Unidos, pero su situación es peor. La prevalencia del sida en Estados Unidos es mayor que en Holanda, que distribuye gratuitamente jeringas a sus usuarios. Además, el consumo de sustancias ilegales en Holanda ha sido menor. Estados Unidos encarcela y reprime entonces más que Holanda, pero tiene más consumidores y en peores condiciones sanitarias.
Igualmente, como lo muestra un estudio de 2009 sobre la experiencia portuguesa, realizado por Glenn Grenwald para el Cato Institute, ese país presenta hoy tasas de consumo menores a las que tenía cuando lo penalizaba y ha presentado desde 2001 una reducción radical de la infección por VIH de sus usuarios de droga.
Más allá del prohibicionismo: entre la regulación y el mercado libre
Las PRD han mostrado avances frente a la GD, pero mantienen la prohibición de la producción y distribución, con lo cual perpetúan el problema del narcotráfico y de las mafias que se le asocian, que es el problema esencial para muchos de nuestros países. Algunos consideran que es necesario ir más lejos y modificar el prohibicionismo, a fin de arrancar a las organizaciones criminales el monopolio que hoy tienen de la producción y distribución de las drogas ilegales.
Una alternativa es optar por un ‘mercado libre’ de estas sustancias, tomando el ejemplo del alcohol o el tabaco hasta hace pocos años. Esa opción evita las mafias y los mercados ilegales, pero sus efectos en salud pública son catastróficos. Por eso nadie serio ha pensado en reemplazar la prohibición por un mercado libre de drogas, en donde cualquiera, incluso un adolescente, pudiera comprar cocaína en el supermercado. Las sustancias psicoactivas, como la cocaína, la marihuana o el alcohol, son riesgosas y pueden producir daños individuales y sociales graves. Un mercado libre de estas sustancias, sin controles estrictos, es inaceptable.
Pero existen alternativas regulatorias, de despenalización parcial, inspiradas tanto en las PRD como en las actuales estrategias de ciertos países frente al alcohol o el tabaco. Para evitar las mafias, habría que admitir la existencia de canales legalizados de producción y distribución para los adultos, controlados por el Estado, y que tendrían características diversas según los tipos de drogas: la distribución de marihuana —la droga menos riesgosa— no puede ser la misma de la heroína, sustancia capaz de producir dependencia física y psíquica. Como el consumo de las drogas no se considera algo conveniente y que deba ser estimulado, sino una conducta tolerada, ese mercado tendría que ser pasivo; se quitaría a las redes legales de distribución toda agresividad comercial: prohibición de propagandas, exclusión de marcas, impuestos altos, etc. En síntesis, no se pretendería facilitar y ampliar el consumo —como en un mercado libre—, pero tampoco se lo haría legalmente imposible, como en un mercado prohibido.
La discusión en la Cumbre de las Américas
La descripción precedente muestra que existen diversas estrategias frente a las drogas. Pero que algunas son inconvenientes, como la GD o el modelo de ‘mercado libre’. Sin embargo, a veces el debate quiere polarizarse entre esas dos alternativas, negando la gama de posibilidades intermedias que existen.
La Cumbre de las Américas no debería entonces dejarse atrapar en ese falso dilema: GD o liberalización total. Un consenso razonable que podría alcanzarse es reconocer que la GD fracasó y que es necesario avanzar a estrategias menos punitivas, que tomen en cuenta las experiencias positivas de las PRD, a fin de evolucionar prudentemente hacia perspectivas regulatorias de salud pública. Una posibilidad sería pensar en la regularización rápida del mercado de cannabis, sustancia menos riesgosa y adictiva que el alcohol o el tabaco, y que esa experiencia sirva en el futuro cercano para definir qué hacer con sustancias más riesgosas como la cocaína o la heroína.
* Director del Centro de Estudio DeJuSticia (www.dejusticia.org) y profesor de la Universidad Nacional.
Santos insiste en discutir alternativas
En una entrevista publicada esta semana por la revista Época, de Brasil, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo que aunque la despenalización de las drogas no será el tema central en la Cumbre de Las Américas —a desarrollar en Cartagena los próximos 14 y 15 de abril—, sí se debatirá. El Jefe de Estado señaló que es necesario hablar de la lucha contra este flagelo, y reconoció que el tema es ‘políticamente sensible’. Indicó que “comenzar a discutir es un paso muy importante, sin la necesidad de amarrarnos a ninguna posición en particular”.
Aclaró que el tema “no será el centro de los debates en la Cumbre, pero puede ser puesto sobre la mesa ya que Estados Unidos, por primera vez, está dispuestos a hablar de ello, y son ellos son el mayor consumidor de drogas en el mundo.
“Yo no soy el dueño de la verdad. Quiero que el mundo entre en esta discusión (…) puede haber varias maneras: despenalizar el uso, despenalizar la producción o concentrar los esfuerzos contra la trata de personas. Hay varias alternativas. No podemos tomar una decisión sin tener pruebas de los expertos en la materia”. Así lo manifestó Santos a este medio brasileño.
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